Cerca de 100 migrantes indocumentados de Guatemala fueron encontrados hacinados en una casa en el municipio de Santa Ana del estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos (EE.UU.).

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“El Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales, localizó en Sonora a 101 migrantes extranjeros de origen guatemalteco”, refirió el INM.

Al precisar que este hecho se reportó en el interior de una casa, concretamente en una habitación en condiciones de abandono, las autoridades habían precisado con anterioridad que este numeroso grupo de personas eran “al parecer de origen extranjero”.

Los datos aportados por el Instituto confirman que se trata de 11 menores no acompañados (dos niñas y nueve niños), 12 familias integradas por 27 personas y 63 adultos (nueve mujeres y 54 hombres).

Al declarar que las personas encontradas “no pudieron acreditar su estancia regular en el país”, el organismo remarcó que “los menores de edad y  núcleos familiares fueron puestos a resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en tanto que los adultos fueron trasladados a instalaciones del INM”.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo refleja el flujo migratorio inédito de los últimos años en la región, donde México reportó una subida de cerca del 77 por ciento en la migración irregular en 2023, con más de 782.000 detectados.

Asimismo, plataformas comunicativas o de derechos humanos alertan sobre la migración y la construcción de la criminalización de las personas del colectivo migrante. Es “una realidad que mantiene la industria del control migratorio en auge. Es decir, criminalizar es sinónimo de acumulación de riqueza por parte de grandes corporaciones internacionales y, por tanto, la mal llamada crisis migratoria, sigue siendo la justificación de esta macro empresa llamada migración”, manifestó Desinformémonos.

Por otra parte, en el caso de las mujeres y niñas migrantes persiste la violencia sexual, institucional, psicológica y comunitaria; la falta de acceso a la justicia y a servicios de salud sexual y reproductiva.

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